Bogotá D.C., 14 de octubre de 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que reglamentará el uso legal del cannabis para uso no recreativo, tras la adopción por consenso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de una resolución presentada por Colombia sobre las implicaciones de las políticas de drogas en los derechos humanos. Este anuncio se enmarca en un contexto nacional de evolución regulatoria, donde coexisten avances significativos en el sector medicinal y el cáñamo industrial con desafíos pendientes en el acceso para uso adulto.
Durante el 60º período de sesiones del Consejo en Ginebra, Colombia reafirmó su compromiso con políticas de drogas centradas en la dignidad humana, la salud pública y la evidencia científica. La resolución, adoptada con el respaldo de 40 países copatrocinadores, reconoce los impactos profundos de estas políticas en derechos fundamentales. «Sobre la base de este enorme triunfo diplomático de Colombia, reglamentaré el uso legal del cannabis para uso no recreativo, y fortaleceremos la política de sustitución voluntaria de cultivos», afirmó el presidente a través de redes sociales.
Avances y desafíos en la regulación interna
En los últimos años, Colombia ha experimentado un proceso de transformación en su marco normativo sobre cannabis. El Ministerio de Justicia y del Derecho ha estado trabajando en una modificación integral del marco regulatorio del cannabis y el cáñamo, como parte del eje de «Regulación Justa y Responsable» de la Política de Drogas «Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico». El objetivo es adaptar la normativa a las necesidades actuales del país y flexibilizar procesos.
Se han logrado avances concretos en el sector legal y productivo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto a Colombia Productiva y Biointropic , lideran programas para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, incluyendo plataformas de formación especializada. Asimismo, se han expedido miles de licencias para actividades como cultivo, procesamiento y exportación, consolidando al país como un actor relevante en el mercado global de cannabinoides.
Sin embargo, el acceso para uso adulto ha permanecido en una zona de ambigüedad jurídica. Si bien la jurisprudencia, como la Sentencia C-221 de 1994, ha despenalizado el autocultivo (hasta veinte plantas) y el porte de dosis mínimas para consumo personal, no existe una norma estatal específica que regule formalmente mecanismos como los Clubes Cannábicos o el abastecimiento colectivo. Aunque la Corte Constitucional ha reconocido el derecho al consumo compartido sin ánimo de lucro, la falta de una ley clara deja a estas iniciativas en un entorno de inseguridad jurídica, limitando su potencial para operar de forma segura, transparente y controlada.
Un paso hacia la integración del nuevo paradigma
El anuncio del presidente Petro representa un intento de cerrar brechas en el marco regulatorio colombiano, alineándolo con el nuevo paradigma internacional basado en los derechos humanos, tal como se reflejó en la resolución de la ONU. Este paso busca integrar las prácticas de uso personal y colectivo dentro de un sistema regulado, potencialmente reduciendo la exposición de los usuarios al mercado ilegal y fortaleciendo enfoques de reducción de riesgos y daños.
No obstante, la concreción de esta reglamentación dependerá de los detalles del proceso legislativo y consultivo que se inicie. El reto será diseñar un marco legal equilibrado que garantice el acceso seguro para uso no recreativo, respete los principios de salud pública y derechos humanos, y al mismo tiempo establezca controles adecuados para prevenir el desvío hacia fines ilícitos. El ejemplo de países como Uruguay, Malta o Alemania, que han regulado formalmente el acceso colectivo, podrían servir como insumos para este proceso.
