El acuerdo establece zonas de restricción de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. cerca de instituciones educativas y parques. La dosis personal sigue siendo legal, pero no podrá ejercerse en los espacios delimitados.
Bogotá D.C., 5 de marzo de 2026.- El Concejo de Bogotá aprobó en segunda vuelta un acuerdo que delimita zonas de restricción para el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en un radio de 100 metros alrededor de las entradas de instituciones educativas de preescolar, básica y media, así como en todos los parques de la ciudad.
La medida, vigente entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., genera un debate de fondo sobre el equilibrio entre protección del espacio público, derechos individuales y enfoques de política de drogas.
La iniciativa, denominada «Zonas libres de drogas y alcohol en el Distrito Capital», fue promovida por concejales de las bancadas del Centro Democrático, Partido Liberal, Nueva Fuerza Democrática, Cambio Radical y Colombia Justa Libres, quienes afirman que busca prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y adolescentes.
La postura promotora: protección del entorno infantil
El concejal Humberto Amín, conocido públicamente como «El Papo» y presidente del Consejo Directivo del partido Centro Democrático en Bogotá, es el autor principal de la iniciativa. En su intervención, aclaró que la responsabilidad de aplicar la norma recae en la administración distrital, específicamente en la Secretaría de Salud de Bogotá y la Policía Metropolitana.
«Lo que queremos es que existan zonas libres de consumo en el Distrito Capital y que en estos espacios primen los derechos de los niños», afirmó Amín.
El acuerdo contempla sanciones económicas y pedagógicas para quienes incumplan la restricción, aunque el concejal enfatizó que la norma no modifica el régimen de dosis personal establecido en la Ley 30 de 1986. «Aquí no estamos atentando contra la dosis mínima. La dosis personal se podrá seguir manteniendo, pero lo importante es que en estos sitios debe primar el derecho de los niños», precisó.
Humberto Amín «El Papo» es concejal de Bogotá por el Centro Democrático, partido de derecha conservadora que prioriza el orden público y la protección de la familia en su agenda legislativa. Ha liderado iniciativas relacionadas con seguridad ciudadana y convivencia urbana.
La postura crítica: redundancia y enfoque prohibicionista
La concejal Donka Atanassova, quien votó en contra del acuerdo, calificó la medida como «reiterativa e innecesaria». Argumentó que el Código Nacional de Policía y Convivencia ya regula el consumo en espacios públicos cercanos a instituciones educativas, y que el nuevo acuerdo desconoce los límites competenciales del Concejo.
«La administración dio concepto negativo porque considera que no es función del Concejo este tipo de regulaciones y porque ya existen las normas desarrolladas», señaló Atanassova.
La concejala también advirtió que la iniciativa responde a un «anuncio populista en medio de una época electoral», sin impacto práctico significativo en la reducción del consumo o en la protección efectiva de la infancia.
Donka Atanassova es concejal de Bogotá por una bancada crítica con enfoques prohibicionistas en política de drogas. Su trayectoria legislativa se ha centrado en derechos humanos, reducción de daños y participación ciudadana en políticas públicas.
El enfoque de salud pública, pendiente en la agenda
Atanazova recordó que el Ministerio de Salud y Protección Social publicó hace dos años un protocolo para la regulación participativa del consumo de cannabis, el cual, según su bancada, no ha sido implementado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
«Bogotá necesita una reglamentación, pero no es una reglamentación que solamente prohíba y ponga letreros. Es una reglamentación que debe desarrollarse de manera participativa con los consejos cannábicos, usuarios y consumidores», afirmó.
La concejal también mencionó que el alcalde Carlos Fernando Galán se comprometió en campaña a liderar una regulación participativa en la materia, compromiso que, según su lectura, aún no se ha materializado.
Los dos candidatos representan posturas distantes frente al uso de sustancias psicoactivas en el espacio público, según manifestaron en entrevista con Caracol Radio W, sin embargo, vale destacar que desde los dos sectores se entiende el concepto de dosis personal, ahora el reto será unificarlo y protegerlo desde el marco constitucional.
Análisis crítico: ¿protección real o gesto simbólico?
Más allá del debate político, el acuerdo plantea preguntas de fondo: ¿es suficiente con delimitar zonas para proteger a la infancia? ¿Qué protocolos de atención, prevención y reducción de daños acompañarán la restricción? Expertos en políticas de drogas señalan que las medidas puramente prohibitivas, sin componentes de educación, salud y reinserción, tienen un impacto limitado en el largo plazo.
La implementación efectiva de esta norma dependerá de la capacidad de articulación entre la Secretaría Distrital de Salud, la Policía, las alcaldías locales y las comunidades educativas. Sin señalización clara, campañas pedagógicas y mecanismos de denuncia accesibles, el acuerdo podría quedar en el papel.
Con la aprobación del acuerdo, corresponde ahora a la administración distrital diseñar los protocolos de vigilancia, señalización y aplicación de sanciones. Hierbabuena Revista seguirá de cerca la implementación de esta medida, sus efectos en la convivencia urbana y el avance (o retroceso) en una política de drogas con enfoque de derechos y salud pública.
