Mientras en Nueva York el cannabis es legal, en Colombia la prohibición costó vidas sin evidencia científica que la justificara.
Viena, 9 de marzo de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino en la plenaria del 69.º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena, Austria, para plantear una reflexión de fondo sobre los efectos de la prohibición de sustancias psicoactivas. Su mensaje central fue contundente: la criminalización del cannabis, sin sustento científico, generó estructuras mafiosas, violencia sistemática y miles de víctimas en Colombia.
En su discurso, Petro articuló una crítica estructural a la guerra contra las drogas, «la prohibición de las sustancias implica la creación de la mafia, y la creación de la mafia implica la muerte y la violencia. ¿Por qué el cannabis fue prohibido? ¿Por qué dejó de estar prohibido? Y ¿qué pasó con los miles y miles de colombianos que murieron alrededor de esa prohibición?».
Esta intervención no se limitó a cuestionar el pasado; interpeló la coherencia de las políticas globales actuales. El mandatario contrastó la realidad colombiana con la de ciudades como Nueva York, donde el cannabis es legal y su consumo está regulado:
«Se la prohíbe y sin embargo cuando uno va a Nueva York, cuando uno va a las grandes ciudades de los Estados Unidos, es legal. Y la pregunta que uno se hace no es tanto la anécdota de cómo huelen las calles de Nueva York, etc. Sino cuánta gente murió en Colombia cuando una institución aquí decidió prohibir la sustancia».
Reparación: reconocer el error histórico
Petro avanzó una propuesta concreta de justicia transicional aplicada a la política de drogas:
«Hubo un error que hay que reconocer, una indemnización que debería haber, porque si científicamente toda sustancia debe tener algún tipo de efecto negativo sobre el cuerpo humano y no existe una perfección, una especie de curva de normalización de los ciclos de la vida humana».
Esta declaración se alinea con la política de paz total del Gobierno nacional, que busca abordar las consecuencias humanas de políticas públicas fallidas mediante mecanismos de verdad, justicia y no repetición.
“La prohibición de las sustancias implica la creación de la mafia, y la creación de la mafia implica la muerte y la violencia. ¿Por qué el cannabis fue prohibido? ¿Por qué dejó de estar prohibido? Y ¿qué pasó con los miles y miles de colombianos que murieron alrededor de esa… pic.twitter.com/gGdN0VYhka
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 9, 2026
Diálogo bilateral: cooperación técnica con la ONUDD
Al finalizar su intervención, el presidente Petro sostuvo una reunión bilateral con John Brandolino, director ejecutivo interino de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El encuentro tuvo como objetivo explorar espacios de cooperación técnica para avanzar en modelos de regulación basados en evidencia científica y derechos humanos, en lugar de enfoques prohibicionistas.
Del discurso a la reparación efectiva
Si bien las declaraciones del presidente Petro representan un avance simbólico en el reconocimiento de las víctimas de la guerra contra las drogas, expertos en justicia transicional advierten que la reparación efectiva requiere:
- Mecanismos jurídicos claros: Definir quiénes son sujetos de reparación y bajo qué criterios.
- Recursos presupuestales específicos: Asignar partidas para indemnizaciones, atención psicosocial y memoria histórica.
- Participación comunitaria: Garantizar que las víctimas y sus organizaciones lideren el diseño de las medidas reparadoras.
Además, persiste la tensión entre el marco internacional de control de drogas (aún centrado en la prohibición) y las iniciativas nacionales de regulación. El éxito de esta propuesta dependerá de la capacidad para articular el discurso presidencial con instrumentos normativos viables y con el acompañamiento de organismos multilaterales.
Tras la intervención en Viena, corresponde al Ministerio de Justicia y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado explorar rutas jurídicas para el reconocimiento de víctimas de políticas de drogas fallidas.