Ante las maniobras de sectores conservadores para archivar el proyecto que busca modificar el artículo 49 de la Constitución, la coordinadora ponente, representante Paola Andrea Quiñones, activó un mecanismo de protección legislativa: descentralizar el debate hacia el territorio y la sociedad civil para evitar que la iniciativa muera en discusiones a puerta cerrada.
Bogotá D.C., 2 de septiembre de 2026.- La discusión sobre la despenalización del cannabis de uso adulto en Colombia ha trascendido el debate técnico para convertirse en un campo de batalla procedimental dentro del Congreso de la República. Este martes, un tenso intercambio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dejó al descubierto la intención de algunos congresistas del Partido Conservador, afines al actual gobierno, de frenar la iniciativa presentada por la bancada del Pacto Histórico mediante una proposición de archivo.
Frente a los señalamientos del representante Franklin Lozano de la Ossa, la representante por el Valle del Cauca y coordinadora ponente del proyecto, Paola Andrea Quiñones D’haro, respondió con una jugada estratégica: la radicación formal de dos audiencias públicas, una en Bogotá y otra en Cali, para obligar a que el debate salga de los despachos y llegue a la ciudadanía.
“Aquí no hacemos jugaditas”: el choque en la Comisión Primera
La tensión escaló cuando el representante Lozano cuestionó la pertinencia y viabilidad de la iniciativa. En respuesta, Quiñones D’haro señaló que la maniobra de archivo era un intento de evadir la discusión de fondo, aprovechando vacíos o malentendidos sobre el proceso legislativo.
“La ponencia positiva de cannabis de uso adulto que se radicó ayer, se radicó con la firma de tres partidos diferentes. Por técnica legislativa esa proposición [de archivo] no era procedente”, afirmó la congresista, revelando que fueron los mismos asesores de la oposición quienes les advirtieron sobre la intención de archivar el proyecto.
Lejos de retroceder, la representante del Valle del Cauca contraatacó con una propuesta concreta: “Yo les quiero proponer una audiencia pública ‘Sí al proyecto de Acto Legislativo que despenaliza en la Constitución Política el cannabis de uso adulto en Colombia’, y le sumaría que descentralicemos el debate público, que hagamos una de esas audiencias en el Valle del Cauca”.
En un mensaje directo a sus críticos, Quiñones sentenció: “Aquí no hacemos jugaditas ni escondemos debates. Antes de salir a hacer afirmaciones, es importante que algunos representantes conozcan el proceso legislativo. Ya radicamos ponencia positiva del proyecto de marco regulatorio del cannabis. No le tenemos miedo a la discusión ciudadana”.
El blindaje legislativo: dos audiencias para un debate territorial
Para materializar esta defensa, la representante Quiñones D’haro radicó este martes una Proposición de Audiencia Pública dirigida al presidente de la Comisión Primera, José Jaime Uscátegui Pastrana.
El documento solicita formalmente la programación de dos encuentros en las ciudades de Cali y Bogotá D.C., amparándose en el artículo 230 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso). El objetivo es escuchar las intervenciones de organizaciones sociales, la sociedad civil y la academia sobre el contenido del Acto Legislativo No. 01 de 2026 Cámara, el cual busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política para regularizar el cannabis de uso adulto y dictar otras disposiciones.
Sobre Franklin Lozano de la Ossa
Existen registros públicos y investigaciones judiciales que vinculan al representante a la Cámara por el Magdalena, Franklin Lozano de la Ossa, con presuntos nexos con grupos paramilitares, específicamente con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
A continuación, se detallan los antecedentes y el estado de estas situaciones según fuentes judiciales y de investigación periodística:
1. Investigaciones históricas por «Parapolítica» (2008-2009)
Durante el escándalo nacional de la «parapolítica», Franklin Lozano fue uno de los políticos del departamento del Magdalena señalados por la justicia. En 2009, fue incluido en las investigaciones y medidas de aseguramiento contra varios políticos de la región por supuestos vínculos y pactos con el Bloque Norte de las AUC
2. Investigación vigente de la Fiscalía (2023)
En junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación ordenó abrir una investigación penal en su contra (con el Número Único de Noticia Criminal 080016001257-2023-15141). Según los reportes, la investigación busca determinar su presunta responsabilidad por el delito de concierto para delinquir y peculado, al haber apoyado al Bloque Norte de las AUC mediante el desvío o uso de recursos públicos durante su ejercicio como parlamentario
3. Reportes de medios y organizaciones de vigilancia
Diversos medios de investigación y organizaciones que hacen seguimiento al conflicto armado y la corrupción en Colombia (como Verdad Abierta, Corrupción al Día, Pares y Revista Raya) han señalado recurrentemente a Lozano de la Ossa como un «heredero de la parapolítica» en el Magdalena. Estos reportes sostienen que su ascenso político y el de su familia estuvo facilitado por las estructuras de poder que dominó el Bloque Norte en la región
La descentralización como herramienta contra el estancamiento
La decisión de llevar el debate a Cali no es casualidad ni meramente logística. Históricamente, las discusiones sobre política de drogas en Colombia se han centralizado en Bogotá, desconectando la realidad legislativa de los territorios donde el cultivo, el consumo y la economía cannábica tienen un impacto directo.
Al exigir audiencias públicas en el Valle del Cauca, el Pacto Histórico busca dos efectos:
- Transparencia forzada: Una audiencia pública documentada y con presencia de la sociedad civil hace políticamente más costoso para los congresistas opositores votar un archivo silencioso del proyecto.
- Legitimidad territorial: Permite que las voces de las comunidades, los expertos regionales y la academia del suroccidente del país, una de las regiones con mayor tradición y debate sobre el cannabis, influyan directamente en el texto constitucional.
Este episodio refleja una fractura latente en la coalición de gobierno. Mientras el ejecutivo ha mostrado señales mixtas frente a la regulación del mercado adulto, sectores tradicionales del conservatismo utilizan las herramientas del reglamento legislativo para mantener el statu quo prohibicionista.
La respuesta del Pacto Histórico demuestra que la batalla por la despenalización ya no se libra solo con argumentos de salud pública o derechos fundamentales, sino con un dominio táctico del reglamento, usando la participación ciudadana como el escudo más efectivo contra las maniobras de archivo.
