Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2024.- El proyecto de Acto Legislativo que buscaba legalizar el cannabis para uso adulto en Colombia fue archivado nuevamente en el Congreso de la República. Según la bancada Provida, liderada por el representante José Jaime Uscátegui, la iniciativa no contaba con el tiempo necesario para completar su segundo debate en la Cámara de Representantes antes de finalizar la legislatura, lo que llevó a su hundimiento.
«Desde la Bancada Provida podemos confirmarle al país que se ha hundido por tercera vez la iniciativa que pretendía legalizar el cannabis recreativo en Colombia, donde el trabajo que desarrollamos desde esta bancada fue vital para lograrlo», aseguró Uscátegui.
La propuesta, que pretendía establecer un marco regulatorio para la producción, comercialización y uso del cannabis con fines recreativos, incluía disposiciones enfocadas en proteger a menores de edad y en combatir las economías ilegales asociadas a esta planta. Asimismo, buscaba redirigir las rentas generadas hacia municipios y departamentos, priorizando el apoyo a comunidades vulnerables, especialmente aquellas afectadas por el conflicto armado.
Juan Carlos Losada, congresista y coautor del proyecto, lamentó el desenlace y destacó que la propuesta promovía un enfoque de derechos humanos y salud pública. Además, subrayó que el marco regulatorio era crucial para mitigar el impacto del mercado ilegal y generar recursos para el desarrollo local.
Este es el sexto intento fallido por aprobar la iniciativa, tercero durante a pesar de que en legislaturas anteriores estuvo cerca de convertirse en ley. Los opositores, como la bancada Provida, celebraron su archivamiento argumentando que el proyecto carecía de los fundamentos necesarios para garantizar la protección de la población y señalando que se logró «gracias al trabajo constante» de su grupo en el Congreso.
A pesar del revés, defensores del proyecto insisten en que el debate no termina aquí. La regulación del cannabis sigue siendo una prioridad para diversos sectores sociales y políticos, quienes ven en este mercado una oportunidad para abordar temas como el control estatal, la seguridad ciudadana y el desarrollo económico en las regiones más afectadas por el narcotráfico.
