Bogotá D.C., 30 de abril de 2025.- En el marco de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños 2025 (HR25), celebrada en Bogotá entre el 27 y el 30 de abril, delegados de entidades responsables de políticas de drogas de Colombia, Brasil y Uruguay, reafirmaron su compromiso con políticas de drogas centradas en las personas, la salud pública y los derechos humanos.
La declaración conjunta fue presentada durante un evento paralelo oficial y se sustenta en estándares internacionales como las directrices sobre derechos humanos y política de drogas, la Resolución 67/4 de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (2024) y los informes de la relatoría especial sobre el derecho a la salud.
Un nuevo paradigma regional
“Las políticas de drogas en América Latina deben ser construidas desde un paradigma humanista y transformador, centrado en la vida”, señalaron los delegados de los tres países en el documento. La declaración promueve un enfoque democrático y sostenible, que busca dejar atrás el paradigma punitivo y avanzar hacia estrategias de reducción de riesgos y daños.
Estas estrategias, subrayaron, deben ser reconocidas como pilares fundamentales de los sistemas de salud y protección social contemporáneos.
Financiamiento, inclusión y cooperación
Uno de los llamados más urgentes fue dirigido a la comunidad internacional para detener la creciente desfinanciación de los programas de reducción de daños. Los países participantes propusieron explorar fuentes alternativas de financiamiento que garanticen la sostenibilidad de estas iniciativas.
También se enfatizó la necesidad de incluir activamente a las comunidades afectadas en todas las etapas del diseño, implementación y monitoreo de las políticas de drogas. “El enfoque debe ser participativo, con voz y liderazgo de quienes históricamente han sido excluidos”, agregaron.
Compromiso con los ODS y la justicia social
El documento destaca la alineación de estas políticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en especial aquellos relacionados con salud, igualdad de género, reducción de desigualdades, acceso a la justicia y construcción de paz.
Los delegados reafirmaron, además, su voluntad de fortalecer la cooperación regional mediante el intercambio de buenas prácticas, la producción de evidencia confiable y el diálogo permanente entre gobiernos, sociedad civil y organismos multilaterales.
