Un documento de trabajo del Observatorio de Drogas y Economías Ilegales de Indepaz, elaborado por el ingeniero químico y magíster en Economía Camilo González Posso, sistematiza nueve conclusiones técnico-regulatorias sobre la eventual aspersión aérea con glufosinato de amonio en mezcla con surfactantes y coadyuvantes. El análisis concluye que, dada la topografía montañosa, la presencia de grupos armados y la proximidad de territorios colectivos y ecosistemas sensibles, cualquier decisión pública debe sustentarse en evaluaciones específicas de riesgo, caso por caso, bajo el principio de precaución.
Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2026.- El debate sobre la reactivación de la aspersión aérea como estrategia de erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia ha vuelto a la agenda pública, esta vez centrado en el uso de glufosinato de amonio como posible sustituto del glifosato. Sin embargo, un documento de trabajo publicado en agosto de 2026 por el Observatorio de Drogas y Economías Ilegales del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advierte que la evidencia científica y regulatoria disponible no permite afirmar, de manera general, que este tipo de intervenciones sean seguras en el contexto colombiano.
El análisis, elaborado por el ingeniero químico y magíster en Economía Camilo González Posso, sistematiza nueve conclusiones que distinguen entre lo respaldado por la evidencia científica y regulatoria disponible, y los aspectos que requieren inferencias específicas para el contexto colombiano. El documento, identificado como «borrador en elaboración», aborda los riesgos técnicos, sanitarios y operativos de una eventual aspersión aérea con glufosinato de amonio en mezcla con surfactantes y coadyuvantes en regiones montañosas con alta presencia de grupos armados.
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1. La evaluación del riesgo no puede extrapolarse desde la agricultura convencional
La primera conclusión del documento advierte que la mayor parte de la evidencia toxicológica y ambiental sobre glufosinato proviene de aplicaciones en agricultura comercial, con condiciones relativamente controladas de clima, topografía, acceso al terreno y cumplimiento de las instrucciones de etiqueta.
«Ese contexto difiere sustancialmente de operaciones de erradicación de coca en regiones montañosas con presencia de grupos armados, donde existen restricciones operacionales, variabilidad meteorológica y limitaciones para verificar en campo las condiciones de aplicación», señala el documento. Por ello, las evaluaciones regulatorias disponibles no responden directamente a ese escenario específico.
2. La mezcla con surfactantes y coadyuvantes modifica la evaluación del riesgo
El análisis subraya que el riesgo ambiental y sanitario no depende únicamente del glufosinato como ingrediente activo. «Diversos surfactantes y coadyuvantes pueden modificar la penetración foliar, la persistencia de las gotas, la deriva, la toxicidad observada y la exposición de organismos no objetivo», precisa el documento.
Por tanto, cualquier evaluación debe considerar la formulación completa y no solo el ingrediente activo. Las guías europeas de evaluación del riesgo, emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, reconocen expresamente la necesidad de valorar mezclas, coformulantes y adyuvantes, un estándar que debería aplicarse también en el contexto colombiano.
3. La deriva constituye uno de los principales factores de riesgo
En aplicaciones aéreas, la deriva es el mecanismo predominante mediante el cual el producto alcanza áreas distintas del objetivo. Su magnitud depende de múltiples variables:
- Velocidad y dirección del viento
- Tamaño de las gotas
- Altura de vuelo
- Tipo de boquilla
- Temperatura e inversiones térmicas
- Relieve del terreno
Tanto la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, como la EFSA consideran la reducción de la deriva un requisito esencial de gestión del riesgo y establecen medidas específicas para disminuirla, incluyendo boquillas de reducción de deriva, gotas medianas o gruesas, límites de velocidad del viento, restricciones de altura de vuelo y franjas de protección.
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4. La topografía montañosa incrementa la incertidumbre operacional
En zonas de fuertes pendientes, cañones, laderas y valles estrechos —características frecuentes de regiones cocaleras en Colombia— las corrientes locales de aire, la turbulencia y las variaciones microclimáticas pueden modificar la trayectoria de las gotas respecto de las condiciones previstas en modelos desarrollados para terrenos agrícolas más homogéneos.
«Esto incrementa la incertidumbre sobre la deposición real y exige una evaluación específica del sitio antes de cualquier operación», concluye el documento.
5. Población civil y ecosistemas sensibles: una variable crítica
En muchas regiones con cultivos de coca existen viviendas dispersas, escuelas rurales, nacimientos de agua, bosques, áreas protegidas y cultivos lícitos próximos a los objetivos de aspersión. En tales circunstancias, el riesgo potencial de exposición de terceros y de afectación de vegetación no objetivo adquiere especial relevancia y requiere medidas adicionales de mitigación.
Las evaluaciones regulatorias internacionales ponen especial énfasis en la protección de personas ajenas a la aplicación y de plantas no objetivo, un estándar que el documento considera ineludible para cualquier decisión pública en Colombia.
6. Grupos armados y la imposibilidad operativa de mitigación
Desde un punto de vista operativo, las condiciones de seguridad pueden dificultar el cumplimiento de algunas medidas que normalmente reducen el riesgo:
- Selección óptima de ventanas meteorológicas
- Verificación en tierra
- Establecimiento de zonas de amortiguamiento
- Monitoreo ambiental posterior
- Atención inmediata de incidentes
«Esta circunstancia puede afectar la eficacia de las medidas de control previstas para escenarios agrícolas convencionales», advierte el documento.
7. El dato clave: más del 50% de los cultivos en territorios colectivos
Uno de los datos más relevantes del análisis es que más del 50% de los cultivos de coca se hacen en pequeñas parcelas ocupadas por terceros en territorios colectivos de comunidades negras e indígenas y en zonas de reserva forestal, discontinuas en ecosistemas de selva, alta biodiversidad y complejidad hídrica.
«Todas estas características establecen diferencias con respecto a la agricultura comercial y de grandes monocultivos que obligan a evaluaciones específicas y a consideración de variables inciertas», concluye el documento en su análisis final.
8. La evidencia no permite afirmar automáticamente la seguridad ni la inseguridad
El documento es enfático al señalar que no existe evidencia suficiente que permita concluir, de manera general, que la aspersión aérea con glufosinato mezclado con surfactantes y coadyuvantes en zonas cocaleras montañosas sea siempre segura o siempre inaceptable.
«La evidencia disponible obliga a realizar una evaluación caso por caso, considerando la relación de grupos armados con la población y el territorio y aspectos técnicos particulares», precisa el análisis, que enumera las variables que deben evaluarse:
- Formulación específica con evaluación de surfactantes y coadyuvantes
- Dosis y coadyuvantes utilizados
- Tecnología de aplicación
- Condiciones meteorológicas y topografía
- Proximidad de poblaciones y ecosistemas sensibles
- Capacidad real para aplicar medidas de mitigación
- Características epidemiológicas y del monitoreo
- Capacidad real del sistema de salud para atender afectaciones respiratorias, neurológicas y en salud reproductiva
9. El principio de precaución como marco jurídico
Desde el punto de vista jurídico, un escenario caracterizado por alta biodiversidad, incertidumbre científica, exposición potencial de comunidades y limitaciones operativas puede justificar una evaluación reforzada antes de autorizar aplicaciones.
El principio de precaución requiere una valoración técnica de los riesgos plausibles, de la incertidumbre existente y de la proporcionalidad de las medidas que se adopten. «El sometimiento o falta de libertad de los cultivadores y pobladores vecinos, la dificultad de comunicación para garantizar información suficiente y oportuna sobre las medidas preventivas, la dificultad para escoger las horas con condiciones adecuadas de vientos, humedad, temperatura, aumentan los riesgos y la dificultad de control», precisa el documento.
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Una decisión pública exige evaluación específica
El documento concluye que, si el análisis se orienta a una eventual utilización de glufosinato de amonio para aspersión aérea de cultivos de coca en regiones montañosas con presencia de grupos armados, la evidencia científica y regulatoria disponible permite sostener que ese escenario representa un caso de alta complejidad técnica, donde los riesgos potenciales dependen tanto de las propiedades del herbicida como de las formulaciones empleadas, la tecnología de aplicación y las condiciones reales de operación.
«En consecuencia, una decisión pública sobre ese tipo de intervención debería sustentarse en una evaluación específica de riesgo para el escenario colombiano, incorporando estudios de deriva en topografía compleja, evaluación de las formulaciones concretas (incluidos surfactantes y coadyuvantes), caracterización de ecosistemas y poblaciones potencialmente expuestas, y análisis de la factibilidad de aplicar efectivamente las medidas de mitigación bajo condiciones de seguridad restringida», concluye el análisis.
Estas conclusiones son consistentes con el enfoque de gestión del riesgo utilizado por las principales agencias regulatorias internacionales, aunque ese enfoque debe adaptarse cuidadosamente al contexto operativo específico de Colombia.
Lea el documento completo a continuación.
