Proyecto original del concejal Cuesta fue acumulado con iniciativas prohibicionistas. Alertan sobre contradicción con jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Bogotá D.C., 3 de marzo de 2026.- La plenaria del Concejo de Bogotá, aprobó este martes, un Acuerdo que restringe el uso de Sustancias Psicoactivas, SPA, en el espacio público, especialmente en parques y entornos escolares, bajo el argumento de la protección de la niñez y la infancia, lo que podría implicar vicios de procedimiento en el trámite de la iniciativa.
Frente al tema, concejales opositores a la medida y sectores diversos de la sociedad civil, advirtieron desde ya que la prohibición impuesta desde el cabildo distrital, puede haber incurrido en vicios de procedimiento, al acumular iniciativas diametralmente distantes de enfoque y objetivos, además de desconocer el enfoque de derechos defendido desde la Corte constitucional frente al porte y uso de SPA en Colombia, particularmente la Sentencia C-127 de 2023 de ese tribunal, que ordena a las autoridades territoriales desarrollar regulaciones que equilibren derechos en el espacio público, evitando medidas de prohibición absoluta.
El concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, señaló, «desde el primer debate, advertí que el proyecto de acuerdo de mi autoría, por su naturaleza antiprohibicionista, no podía ser integrado bajo el principio de unidad de materia con el proyecto cavernario del Centro Democrático. Desoyeron tal solicitud, viciando dicha iniciativa».
Detalles del Acuerdo aprobado
La iniciativa, denominada «Zonas libres de drogas y alcohol en el Distrito Capital», fue promovida por concejales de las bancadas del Centro Democrático, Partido Liberal, Nueva Fuerza Democrática, Cambio Radical y Colombia Justa Libres, quienes afirman que busca prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y adolescentes.
El Acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá, que restringe explícitamente el uso de sustancias psicoactivas y alcohol en espacios públicos, define específicamente como «Zonas Libres de Drogas y Alcohol, ZLD» los parques red estructurante y de proximidad de la ciudad, así como el espacio público para el encuentro y el espacio público colindante a las instituciones educativas del Distrito Capital, tanto en suelo urbano como rural.
Dentro de estas zonas, se establecen restricciones puntuales: se prohíbe el consumo de SPA y alcohol (incluida la dosis personal) en los parques de uso público orientados a la recreación o actividad física de niños, niñas y adolescentes entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., y en un radio de 100 metros alrededor de las entradas de instituciones educativas durante períodos relacionados con la jornada escolar. El fundamento oficial para estas medidas es «proteger sus derechos prevalentes» y garantizar entornos seguros.
Sin embargo, estas definiciones y restricciones específicas, vistas a través del lente de la jurisprudencia constitucional, como la Sentencia C-127 de 2023, que insta a equilibrar derechos y evitar prohibiciones absolutas, y considerando las acusaciones de vicios de procedimiento y el enfoque antiprohibicionista del proyecto original del concejal José Cuesta Novoa, acentúan la controversia en torno al acuerdo.
Las expansiones de zonas prohibidas (parques, radios escolares) y la definición de horarios de restricción pueden ser interpretadas como medidas de prohibición general que potencialmente vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud (en su dimensión de acceso a sustancias reguladas bajo controles de calidad y con acompañamiento adecuado), derechos consagrados en la Constitución Política y reconocidos por la Corte Constitucional en el contexto del consumo de cannabis.
«La más imbécil de todas las guerras es la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas en una guerra perdida. Y el Centro Democrático, se empeña en mantenerla, porque necesitan el miedo para sobrevivir políticamente.
Reacciones y rechazo
Durante la deliberación de la iniciativa, bancadas del Pacto Histórico, Colombia Humana y MAIS, así como el concejal Julián Triana de Alianza Verde, manifestaron su inconformidad y se retiraron de la votación. Argumentaron que el Proyecto de Acuerdo presentado por el cabildante José Cuesta tenía un enfoque distinto frente a las iniciativas prohibicionistas con las que fue acumulado, lo que generó desacuerdo en el trámite adelantado en plenaria. El cabildante Ricardo Correa también manifestó su voto negativo durante la discusión de la medida.
Denuncia de vicios jurídicos por parte del concejal Cuesta
El concejal José Cuesta Novoa, autor del proyecto contrario a la iniciativa aprobada, dejó constancia pública en sesión plenaria del Concejo de Bogotá sobre la improcedencia jurídica y democrática de la unificación de su proyecto con propuestas prohibicionistas. Advirtió vicios jurídicos en la unificación del proyecto sobre consumo de cannabis en Bogotá.
Cuesta Novoa, afirmó que su iniciativa fue acumulada con propuestas de naturaleza prohibicionista, desconociendo el principio deliberativo del cabildo distrital y afectando los derechos constitucionales de las personas consumidoras de cannabis en la ciudad.
Recordó que desde la discusión inicial del proyecto, hace algunos meses, se advirtió que la regulación debía partir de la realidad social evidenciada por cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Salud, según las cuales más de 500 mil bogotanos consumen cannabis. Consideró que esta situación no puede abordarse mediante enfoques punitivos ni posturas morales restrictivas, sino a través de políticas públicas basadas en educación, salud pública, convivencia ciudadana y garantía de derechos fundamentales.
Destacó que su iniciativa fue estructurada bajo un enfoque orientado a armonizar derechos constitucionales, priorizando la protección de niños, niñas y adolescentes sin desconocer las libertades individuales consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política Este enfoque se sustenta en la Sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual ordena a las autoridades territoriales desarrollar regulaciones que equilibren derechos en el espacio público, evitando medidas de prohibición absoluta.
Crítica al trámite y la unificación
Cuesta Novoa criticó que durante su trámite en la Comisión de Gobierno —y pese a la solicitud expresa de retirar la iniciativa de la acumulación— se decidió unificar el proyecto con propuestas de contenido diametralmente opuesto, aun cuando no existe identidad material ni coherencia normativa entre ellas. Desde una perspectiva técnico-legislativa, consideró que esta decisión resulta improcedente, pues impone una ponencia homogenizante que desnaturaliza el debate democrático, limita la expresión de posiciones minoritarias y desconoce el pluralismo político que debe orientar la función normativa del Concejo.
El concejal advirtió que la medida constituye un uso indebido de las mayorías para restringir la deliberación pública y solicitó formalmente que su proyecto sea devuelto a comisión, al considerar arbitrario fusionar iniciativas incompatibles en una discusión de alta sensibilidad social. Como expresó en plenaria, no resulta jurídicamente razonable “juntar peras con manzanas” cuando se trata de modelos regulatorios sustancialmente distintos.
Rechazo y acciones legales futuras
Finalmente, Cuesta Novoa reiteró que el proyecto presentado buscaba reglamentar los derechos de las personas consumidoras de cannabis conforme a la jurisprudencia constitucional vigente y manifestó su rechazo a que su nombre aparezca como autor de una iniciativa que, en su criterio, promueve la restricción de derechos fundamentales.
En consecuencia, anunció que adelantará las acciones jurídicas correspondientes y demandará por inconstitucionalidad dicho esperpento, al considerar que desconoce los principios constitucionales y los derechos de más de 500 mil consumidores en Bogotá.
