Editorial: Conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, un análisis del marco legal, la jurisprudencia y los desafíos pendientes.
Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, DDHH, conmemorado el 10 de diciembre, cobra especial relevancia el análisis del uso adulto del cannabis en Colombia desde la perspectiva de los derechos humanos.
A lo largo de los años, la jurisprudencia del país, especialmente de la Corte Constitucional de Colombia, ha ido reconociendo derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana en relación con el porte y el consumo personal de pequeñas cantidades de sustancias psicoactivas, incluido el cannabis.
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La evolución jurisprudencial: del reconocimiento a la limitación
La Sentencia C-221 de 1994 fue un hito al declarar constitucional la despenalización del popara consumo personal, reconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Posteriormente, la Sentencia C-336 de 2008 y otras decisiones reafirmaron este derecho, definiendo la dosis personal como un referente para distinguir el consumo personal del tráfico.
Sin embargo, la jurisprudencia también ha reconocido que estos derechos no son absolutos. Se pueden limitar en razón del interés general, como la protección de la salud pública y la convivencia ciudadana, especialmente cuando el consumo se realiza en espacios públicos y afecta a terceros, como niños, niñas y adolescentes.
La Sentencia C-253 de 2019, en particular, reafirmó el reconocimiento del derecho individual al consumo personal, pero también estableció que la prohibición del porte y consumo en espacios públicos donde concurran niños, niñas y adolescentes requiere una regulación específica que delimite claramente dichos espacios para ser constitucional.
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El derecho al autocultivo y la producción compartida
Paralelamente, se ha reconocido implícitamente el derecho al autocultivo para el consumo personal, como una extensión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, siempre que se respete el límite de veinte plantas por hogar y la dosis personal. Asimismo, la jurisprudencia ha abierto la puerta al consumo compartido sin ánimo de lucro, lo que ha dado lugar al surgimiento de iniciativas como los Clubes Cannábicos, aunque su marco legal formal aún sea incierto.
Un análisis reciente publicado por Elementa DDHH, «El camino de la regulación del cannabis en Colombia«, profundiza en la evolución del marco normativo y las oportunidades y desafíos que presenta la actual Política Nacional de Drogas 2023-2033, en relación con los derechos humanos y la posibilidad de regular mecanismos de abastecimiento colectivo como los clubes.
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Activismo y uso adulto del cannabis en Colombia
A pesar de la despenalización del autocultivo y del porte de la dosis personal, no existe aún un marco legal claro que regule formalmente el abastecimiento colectivo o el consumo compartido sin ánimo de lucro, como ocurre en el caso de los Clubes Cannábicos. Esta ambigüedad genera inseguridad jurídica para muchas iniciativas comunitarias que buscan operar de forma segura y transparente.
Organizaciones como Elementa DDHH y Temblores han sido voces constantes en la defensa de los derechos de las personas usuarias de drogas. Abogan por un enfoque basado en la salud, los derechos humanos y la reducción de daños, en contraposición a modelos represivos. Estas organizaciones han documentado casos y promovido el diálogo entre la sociedad civil y el Estado para avanzar en políticas más inclusivas y efectivas.
Desde las ciudadanías cannábicas han surgido iniciativas como el Movimiento Cannábico Colombiano y la Mesa Distrital Cannábica de Bogotá, desarrollando trabajo y buscando incidencia en las políticas públicas relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas desde un enfoque respetuoso de los Derechos Humanos, argumentando que una regulación adecuada puede prevenir el mercado ilegal y proteger a los usuarios de la criminalización.
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Desafíos y trámite legislativo
A pesar de los avances jurisprudenciales, persisten desafíos. La prohibición constitucional sobre las sustancias psicoactivas y la falta de una ley estatal específica que regule claramente el cannabis, su cultivo y distribución para uso adulto, deja a estas iniciativas en una zona de inseguridad jurídica, enfrentando amenazas de intervención y cierre. Además, la implementación efectiva de los derechos reconocidos puede verse afectada por prácticas policivas inconsistentes o interpretaciones locales de la norma que no se ajustan a la Constitución.
El debate sobre la regulación del cannabis sigue vigente. Mientras algunos sectores abogan por una despenalización o regulación más amplia que garantice el acceso seguro y controlado, otros expresan preocupación por posibles impactos en la salud pública y la protección de grupos vulnerables.
La Política Nacional de Sustancias Psicoactivas 2025-2033 y la Resolución 2100 de 2025, que adopta una Política Integral, buscan articular una respuesta basada en salud pública, derechos humanos y reducción de daños, priorizando el cuidado de la vida, la salud, los derechos humanos y la transformación territorial
En este escenario, cobra especial relevancia el Proyecto de Ley Estatutaria «Por la cual se regula el uso adulto del cannabis y se dictan otras disposiciones», presentado por el senador Juan Carlos Losada. El proyecto busca crear un marco legal específico para el acceso al cannabis por parte de personas adultas, regulando aspectos como la producción, distribución y comercialización bajo ciertos controles.
Su trámite en el Congreso de la República, ha sido objeto de intenso debate, con argumentos a favor de la autonomía personal y la reducción de daños, y en contra por preocupaciones relacionadas con la salud pública y la protección de menores. El proyecto aún se encuentra en discusión, representando una vía legislativa potencial para materializar el reconocimiento de un derecho al uso adulto regulado, distinto a los mecanismos actuales basados únicamente en jurisprudencia.
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Un llamado a la reflexión
La conmemoración del Día de los Derechos Humanos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la protección de derechos fundamentales como la intimidad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, y otros intereses legítimos como la salud pública y la seguridad ciudadana. En el caso del cannabis, la evolución jurisprudencial en Colombia ha reconocido importantes avances en la protección del usuario individual, pero también ha dejado claro que estos derechos no son ilimitados y deben convivir con otros derechos y principios constitucionales.
El camino hacia una política de drogas plenamente alineada con los derechos humanos implica no solo reconocer los derechos individuales, sino también garantizar su ejercicio efectivo, proteger a los grupos vulnerables, reducir los daños asociados al consumo y a las políticas represivas, y fortalecer las alternativas de tratamiento y reinserción social basadas en la salud y el respeto a la dignidad humana, tal como lo establece la Política Integral.
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