El ministro Idárraga alertó a Fiscalía y Procuraduría sobre presuntos cobros por certificados de manejo de químicos regulados.
Bogotá, diciembre de 2025. El Ministerio de Justicia y del Derecho, Minjusticia, presentó una acusación formal ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, tras detectar un presunto esquema de corrupción en la expedición y renovación de certificados para el manejo de sustancias químicas controladas.
La denuncia indica que se habrían cobrado sumas irregulares de hasta veinte millones de pesos por cada documento, comprometiendo la integridad del control estatal sobre insumos críticos.
El ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga Franco, remitió un documento formal a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al procurador general, Gregorio Eljach, solicitando la apertura de investigaciones penales y disciplinarias. El caso se originó tras una alerta ciudadana recibida en septiembre de 2024, lo que derivó en la radicación de una denuncia penal el 29 de octubre de 2025.
Alcance de las competencias y gravedad del caso
El comunicado oficial del Ministerio detalla que, según la Ley 30 de 1986 y normas posteriores, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene la atribución, a través del área de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, la expedición de certificados de carencia. Estos documentos acreditan la ausencia de antecedentes y son solicitados por personas naturales o jurídicas interesadas en ser habilitadas para la producción, almacenamiento y comercialización de sustancias químicas controladas, incluyendo precursores.
El ministro Idárraga explicó que fue informado por la Oficina de Control Disciplinario Interno sobre «presuntos hechos de corrupción que se habrían presentado desde septiembre del año 2024 en el proceso de expedición y/o renovación de certificados de carencia, al parecer presuntamente por prácticas corruptas al exigir dinero o dádivas por dichos trámites».
Ante la gravedad de los hechos, solicitó a la Fiscal General designar un Fiscal competente y un equipo de técnicos investigadores para recibir las pruebas ya recaudadas. Asimismo, solicitó al Procurador General ejercer la vigilancia preventiva sobre las actuaciones en el área de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes.
Medidas preventivas y compromiso institucional
El Ministerio de Justicia afirmó que continuará avanzando en las indagaciones disciplinarias relacionadas y adoptará medidas preventivas y correctivas para mitigar el riesgo detectado en el proceso de atención a ciudadanos interesados en la expedición o renovación de certificados, como lo exige el deber constitucional de velar por el interés general y la transparencia.
Este caso pone en evidencia la importancia de mantener controles estrictos y transparentes en el manejo de sustancias reguladas, incluyendo precursores químicos que pueden estar relacionados con la producción de sustancias ilícitas, como el Fentanilo, y resalta la necesidad de combatir la corrupción en todos los niveles de la administración pública. La investigación busca esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, garantizando la integridad del sistema de control químico del país.
