Foto: Oficina de prensa Minsalud
Bogotá D.C., 16 de octubre de 2025.- El Ministerio de Salud y Protección Social, MinSalud, expidió la Resolución 2100 de 2025, que adopta la Política Integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas 2025-2033. Este marco normativo redefine el enfoque estatal del consumo, alejándose de modelos represivos hacia una estrategia centrada en la salud pública, los derechos humanos y la reducción de riesgos y daños, RRD.
La nueva política reemplaza la dispersión institucional anterior. Se articula en torno a un Sistema Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas. Este sistema integra las acciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, con otros sectores como educación, justicia y protección social.
Situación actual del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia
El diagnóstico técnico sobre el consumo de sustancias en Colombia, elaborado por el Ministerio de Salud, el Observatorio de Drogas de Colombia, ODC, y el Instituto Nacional de Salud, INS, revela un panorama complejo con patrones diferenciados por edad, género y nivel educativo.
Panorama general del consumo
- En la población general (12-65 años), el 30,1% consumió alcohol en el último mes, con un 20,4% de uso perjudicial. El 9,8% consumió tabaco, mientras que el 3,4% (alrededor de 800.000 personas) reportó consumo de sustancias ilícitas en el último año, siendo la marihuana la más prevalente (2,7%).
- En la población escolar (12-18 años), el consumo de alcohol en el último mes alcanza el 30,08%, con edad de inicio de 13,4 años. El 11,21% ha usado cigarrillos electrónicos y el 6,7% sustancias ilícitas.
- En la población universitaria, el 56,1% consumió alcohol en el último mes y el 28,4% alguna sustancia ilícita, principalmente marihuana (26,7%) y LSD (9,7%).
Lea también: Bogotá avanza en construcción de nueva política pública de sustancias psicoactivas
Poblaciones con alta vulnerabilidad
El documento destaca condiciones críticas en grupos específicos:
- Personas que se inyectan drogas (PID): prevalencia de VIH hasta del 23,9% en Cali y hepatitis C hasta del 69,6% en Cúcuta.
- Personas privadas de la libertad: consumo de marihuana nueve veces superior al de la población general.
- Poblaciones callejeras y OSIGD (LGBTIQ+): exclusión, discriminación y falta de servicios inclusivos.
- Mujeres gestantes y lactantes: alto estigma y temor a sanciones.
- Poblaciones étnicas: carencia de servicios con pertinencia cultural.
Entre 2013 y 2020 se registraron 51.405 muertes asociadas al consumo, el 78% relacionadas con el alcohol.
Nuevos enfoques y principios rectores
La política se sustenta en enfoques transversales como derechos humanos, RRD, diferencial y de género, territorial e interseccional, y comunitario. Estos buscan garantizar trato digno, autonomía, no discriminación y participación activa de las comunidades y las personas usuarias.
Sus principios rectores son la integralidad, el respeto a la autonomía y dignidad, y la interculturalidad y participación. La Atención Primaria en Salud, APS, se convierte en el eje organizador de la oferta de servicios.
¿Cómo se aplicará la reducción de riesgos y daños en los servicios de salud?
La política reconoce la RRD como estrategia de salud pública y la convierte en componente transversal del sistema. Esto implica:
- Programas de mantenimiento con metadona y buprenorfina.
- Servicios de análisis de sustancias para identificar adulterantes.
- Distribución de naloxona y dispositivos de consumo supervisado.
- Acciones comunitarias de sensibilización frente al estigma y la exclusión.
En la práctica, estos componentes se integran en la red de atención, de modo que la estabilización, el tratamiento y la recuperación se desarrollen como fases continuas, y no como episodios aislados. El ingreso al sistema no dependerá de la abstinencia, sino del derecho a la atención oportuna.
Sistema Nacional de Atención: Integración y coordinación
El Sistema Nacional de Atención coordina la respuesta institucional del Estado. Participan activamente las Entidades Territoriales, las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y las Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS. También intervienen la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud, el Instituto Nacional de Salud, INS, y organizaciones de la sociedad civil.
Este sistema contempla una red diversa de servicios, desde equipos básicos de salud y dispositivos de bajo umbral hasta servicios especializados. Todo esto busca asegurar un continuo de atención integral, oportuna y sin discriminación.
Puede interesarle: MinAgricultura, Asocaña y organizaciones del norte del Cauca firman segunda fase de convenio por $15.851 millones
Plan de Acción, financiación y monitoreo
La resolución establece un Plan de Acción con diez hitos clave y plazos definidos. Entre ellos, se incluye la adopción territorial de la política por parte de las entidades territoriales en seis meses. También destaca la operación de redes de bajo umbral y la integración de los servicios a la Red Nacional de Salud Mental, en el mismo periodo.
La financiación será multifuente, incluyendo recursos del SGSSS, el Sistema General de Participaciones, SGP, el Presupuesto General de la Nación, PGN, el FRISCO y recursos propios de las entidades territoriales.
El monitoreo será anual. Se realizarán evaluaciones de medio término en 2029 y final en 2033. La Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud, ejercerá vigilancia sobre el cumplimiento.
Retos y desafíos:
La implementación enfrenta retos como la desigualdad en capacidades locales, la débil articulación intersectorial, la sostenibilidad financiera y la persistencia del estigma social. El Ministerio prevé apoyos técnicos y fortalecimiento institucional para superarlos.
Lea también: Bogotanos aportan virtualmente a nueva política de sustancias psicoactivas – Hierbabuena Revista
Esta política marca un hito en el país. Busca avanzar hacia un modelo más humanista y sostenible en salud pública. Su éxito dependerá de la efectiva adopción territorial, la consolidación de redes de RRD y su integración con la salud mental.
Encuentre a continuación el texto completo de la Resolución 2100 de 2025 – Política Integral de Sustancias Psicoactivas 2025-2033:
